San Fernando: denunciaron a un colegio privado por discriminar a un alumno con autismo La familia Peralta recibió una carta documento del instituto María Jáuregui de Pradere que dice que no renovaran la matrícula para su hijo el año próximo. Hacía un año que fue diagnosticado con TEA. Remarcaron que el establecimiento no lo acompaño ni contuvo.
Por Rodrigo Lescano
Luego de que el Colegiose v Magno, ubicado en Pilar, negará la inscripción a 8 alumnos con diversos grados de discapacidad, pareciera que la discriminación se estaría extendiendo en los establecimientos educativos privados de la zona norte. Una madre de un adolescente denunció a la institución sanfernandina María Jáuregui de Pradere por no renovarle la matrícula a su hijo que tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Luciana Zanetti acusa al colegio por discriminar hacia Mateo Peralta (16), a quien el año pasado le diagnosticaron autismo, una condición neurológica específica de cada persona que la tiene y que se caracteriza por presentar formas diversas de interactuar con estímulos del mundo exterior, el contacto con las personas del entorno, y de comunicarse.
Ella señaló que hicieron una campaña durante todo el año para apartarlo de la institución. En diálogo exclusivo con LA PRIMERA, la madre comentó que, a lo largo del año, el colegio hizo lo posible para no integrar a su hijo. Relató que en el primer semestre de este año hubo diversos episodios donde no lo contuvieron. Por un lado, no lo calmaron ni acompañaron cuando golpeó sin querer a una estudiante. Los directivos mencionaron que los padres de la afectada habían hecho una denuncia, cuestión que fue desmentida desde la inspección local. Otro hecho fue que no lo dejaron usar un disfraz en un evento recreativo de la institución. Esto le genera un episodio de llanto, el cual termina con la madre yéndolo a retirar.
La situación empeoró después de las vacaciones de invierno. Zanetti expresó que no lo dejaron ingresar porque no contaba con su acompañante terapéutico. Meses después, la familia recibió una carta documento el pasado 17 de octubre a nombre de la Asociación Civil Damas de la Providencia -la propietaria del colegio- donde sin motivo le anuncian que no van a aceptar a Mateo en el 2023, Zanetti realizó la denuncia pertinente en el INADI y a los inspectores de la Dirección de Educación de Gestión Privada de San Fernando.
"Mateo actualmente no está yendo al colegio porque lo consideran peligroso. Tengo una decepción grande y espero que no le pase a ningún chico más", dijo la madre. Además, agregó que habría abandono por parte de la institución. Esto se mostraría a través de que no realizaron una inclusión emocional y pedagógica dentro del aula. A eso se suma que no le han garantizado el envío de tareas como parte de un plan de continuidad pedagógica. "No estaba integrado con sus compañeros. Hace las tareas por email. Solo un docente le manda la tarea. Los profesores lo quieren ayudar, pero la institución no", aclaró.
Leyes violadas
Ante los hechos ocurridos en el colegio María Jáuregui de Pradere, la familia de Mateo Peralta recurre a la ley 23.592, la cual en su artículo n°1 establece que "quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados". La norma fija que se consideran actos discriminatorios a los determinados por motivos como "raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos".
También mencionan que se estaría violando la ley 25.280 que tiene como fin la "prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad".
Un contexto de exclusión
El episodio ocurrido en San Fernando, como también el de Pilar, no se pueden tomar como hechos aislados. Se deben entender como parte de la violencia que sufren las personas con TEA a lo largo del país en diferentes esferas de la vida social. Por un lado, encontramos diagnósticos imprecisos y/o erróneos que conllevan tratamientos inadecuados, como también la detección tardía del trastorno. Por el otro, están las trabas burocráticas del Estado y las obras sociales para atender el conjunto de sistemas de apoyo, acompañamientos y necesidades de transporte que son necesarios.
Los recortes en el área de salud mental agravan esta situación. Las personas con autismo y sus familiares piden que se garantice la ley n 27.043, la cual tiene por objeto promover el diagnóstico temprano, la intervención oportuna, así como la capacitación de recursos humanos en salud y la investigación vinculada a Trastornos del Espectro Autista.
La familia Peralta recibió una carta documento del instituto María Jáuregui de Pradere que dice que no renovaran la matrícula para su hijo el año próximo. Hacía un año que fue diagnosticado con TEA. Remarcaron que el establecimiento no lo acompaño ni contuvo.
Por Rodrigo Lescano
Luego de que el Colegiose v Magno, ubicado en Pilar, negará la inscripción a 8 alumnos con diversos grados de discapacidad, pareciera que la discriminación se estaría extendiendo en los establecimientos educativos privados de la zona norte. Una madre de un adolescente denunció a la institución sanfernandina María Jáuregui de Pradere por no renovarle la matrícula a su hijo que tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Luciana Zanetti acusa al colegio por discriminar hacia Mateo Peralta (16), a quien el año pasado le diagnosticaron autismo, una condición neurológica específica de cada persona que la tiene y que se caracteriza por presentar formas diversas de interactuar con estímulos del mundo exterior, el contacto con las personas del entorno, y de comunicarse.
Ella señaló que hicieron una campaña durante todo el año para apartarlo de la institución. En diálogo exclusivo con LA PRIMERA, la madre comentó que, a lo largo del año, el colegio hizo lo posible para no integrar a su hijo. Relató que en el primer semestre de este año hubo diversos episodios donde no lo contuvieron. Por un lado, no lo calmaron ni acompañaron cuando golpeó sin querer a una estudiante. Los directivos mencionaron que los padres de la afectada habían hecho una denuncia, cuestión que fue desmentida desde la inspección local. Otro hecho fue que no lo dejaron usar un disfraz en un evento recreativo de la institución. Esto le genera un episodio de llanto, el cual termina con la madre yéndolo a retirar.
La situación empeoró después de las vacaciones de invierno. Zanetti expresó que no lo dejaron ingresar porque no contaba con su acompañante terapéutico. Meses después, la familia recibió una carta documento el pasado 17 de octubre a nombre de la Asociación Civil Damas de la Providencia -la propietaria del colegio- donde sin motivo le anuncian que no van a aceptar a Mateo en el 2023, Zanetti realizó la denuncia pertinente en el INADI y a los inspectores de la Dirección de Educación de Gestión Privada de San Fernando.
"Mateo actualmente no está yendo al colegio porque lo consideran peligroso. Tengo una decepción grande y espero que no le pase a ningún chico más", dijo la madre. Además, agregó que habría abandono por parte de la institución. Esto se mostraría a través de que no realizaron una inclusión emocional y pedagógica dentro del aula. A eso se suma que no le han garantizado el envío de tareas como parte de un plan de continuidad pedagógica. "No estaba integrado con sus compañeros. Hace las tareas por email. Solo un docente le manda la tarea. Los profesores lo quieren ayudar, pero la institución no", aclaró.
Leyes violadas
Ante los hechos ocurridos en el colegio María Jáuregui de Pradere, la familia de Mateo Peralta recurre a la ley 23.592, la cual en su artículo n°1 establece que "quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados". La norma fija que se consideran actos discriminatorios a los determinados por motivos como "raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos".
También mencionan que se estaría violando la ley 25.280 que tiene como fin la "prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad".
Un contexto de exclusión
El episodio ocurrido en San Fernando, como también el de Pilar, no se pueden tomar como hechos aislados. Se deben entender como parte de la violencia que sufren las personas con TEA a lo largo del país en diferentes esferas de la vida social. Por un lado, encontramos diagnósticos imprecisos y/o erróneos que conllevan tratamientos inadecuados, como también la detección tardía del trastorno. Por el otro, están las trabas burocráticas del Estado y las obras sociales para atender el conjunto de sistemas de apoyo, acompañamientos y necesidades de transporte que son necesarios.
Los recortes en el área de salud mental agravan esta situación. Las personas con autismo y sus familiares piden que se garantice la ley n 27.043, la cual tiene por objeto promover el diagnóstico temprano, la intervención oportuna, así como la capacitación de recursos humanos en salud y la investigación vinculada a Trastornos del Espectro Autista.
